¿Qué Educación Queremos para Chile?

El objetivo de alcanzar una educación de calidad para todos y todas, gratuita y universal, sin discriminaciones, debería ser la premisa que guíe toda propuesta de transformación del sistema educativo chileno. Sin embargo, la reciente aprobación del proyecto de ley presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, en el marco de un Protocolo de Acuerdo con la Concertación en materia educativa, pone en entredicho este objetivo y, por el contrario, amenaza con agravar todavía más la crisis de inequidad, segregación y calidad de nuestra educación.

Dicho protocolo consiste, al igual que en 2007, en una alianza sólo a nivel de las cúpulas políticas, que conlleva la exclusión de la ciudadanía, en general, y de los actores educativos, en particular. La única posibilidad de construir un real acuerdo social se basa en generar un amplio proceso de participación y debate de estos mismos actores sociales respecto de qué educación queremos: ¿una en que las escuelas compiten entre sí, en condiciones desiguales, donde algunas pueden seleccionar a sus estudiantes y otras no? ¿Dónde algunas escuelas disponen de $40.000 al mes por niño, otras de $80.000 y otras de $240.000? En definitiva, ¿un sistema educativo que consagra la segregación y desigualdad?

El Proyecto de Ley de Reforma educativa sí contiene medidas necesarias como, entre otras, aumentar la Subvención Escolar preferencial (aunque debe acompañarse de un aumento sustancial de la subvención basal), seleccionar los directores de escuelas por concurso, facilitar la jubilación digna de los docentes y modificar los criterios de acceso a la educación superior. Además, se entregan recursos frescos a los sostenedores municipales para paliar sus cuantiosas deudas (aunque, nuevamente, constituye sólo una medida parche, puesto que pospone pero no resuelve la crisis estructural de la administración municipal).

No obstante, el problema de fondo radica en que la estructura del sistema educativo permanece intacta: persiste la concepción de la educación como un servicio, en que los actores educativos son consumidores y no ciudadanos. Con ello se anula la noción del derecho, desalojando aspectos claves como la participación o la no discriminación, e instalando en cambio ideas como la competencia, la selectividad y la naturalización de las diferencias sociales, aspectos  que precisamente la educación contribuye a modificar.

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